El 'Proyecto de Ley de Lucha contra el Antisemitismo, el Odio y el Extremismo 2026' en su forma actual es una traición total a los principios fundamentales de que el poder público se ejerce a través de normas y tribunales conocidos, no por decisiones arbitrarias de quien esté al mando. La Carta Magna es una carta de 1215 impuesta al rey Juan tras una revuelta baronial que estableció el principio de que el gobernante está obligado por la ley y que las personas no pueden ser castigadas ni privadas de derechos sin un proceso legal. De la Carta Magna surgen tres principios clave que sustentan nuestras libertades civiles y la legitimidad del poder gubernamental. Son el estado de derecho, lo que significa que el gobernante está obligado por la ley, no por el capricho personal, y el poder debe tener una base legal. El castigo no debe ser arbitrario. El Estado no puede encarcelarte, despojar, prohibir o sancionarte de cualquier otra forma solo por decirlo. Y el debido proceso, es decir, cualquier castigo debe seguir procedimientos legales conocidos y ser impuesto mediante autoridad legal, mediante un tribunal legítimo o sentencia en lugar de un decreto ministerial. Esto es el "gobierno de la ley, no de los hombres". Que este proyecto de ley pueda siquiera ser propuesto, y mucho menos considerado en su forma actual, es una acusación contra este gobierno y nuestra sociedad civil.