El ‘Proyecto de Ley para Combatir el Antisemitismo, el Odio y el Extremismo 2026’ en su forma actual es una traición total a los principios fundamentales de que el poder público se ejerce a través de reglas y tribunales conocidos, no a través de decisiones arbitrarias de quien sea que esté a cargo. La Carta Magna es un documento de 1215 impuesto al Rey Juan tras una revuelta de barones que estableció el principio de que el gobernante está sujeto a la ley y que las personas no pueden ser castigadas ni privadas de derechos sin un proceso legal. De la Carta Magna surgen tres principios clave que sustentan nuestras libertades civiles y la legitimidad del poder gubernamental. Son el estado de derecho, lo que significa que el gobernante está sujeto a la ley, no a caprichos personales, y que el poder debe tener una base legal. El castigo no debe ser arbitrario. El estado no puede encarcelarte, despojarte, prohibirte o penalizarte de otra manera solo por decirlo. Y el debido proceso, lo que significa que cualquier castigo debe seguir procedimientos legales conocidos y ser impuesto a través de una autoridad legal, a través de un tribunal o juicio legítimo en lugar de un decreto ministerial. Este es el “gobierno de la ley, no de los hombres”. Que este proyecto de ley pueda ser propuesto, y mucho menos considerado en su forma actual, es un juicio a este gobierno y a nuestra sociedad civil.